La Fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, ha comunicado a las Juventudes Socialistas de Garachico (JJSS) -en su calidad de demandantes- que desde la Fiscalía se ha formulado denuncia contra el grupo de gobierno del Ayuntamiento garachiquense por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal. Concreta la fiscal en su escrito que la denuncia ha sido ya remitida al Juzgado Decano de Icod de los Vinos para abrirse la instrucción de las correspondientes diligencias.

En un comunicado recibido en este diario por parte de los jóvenes del PSOE de la villa y puerto, se informa que, en relación con una serie de vertidos de aguas fecales que se vienen produciendo desde hace años en el municipio, la puesta en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía se produjo en noviembre último, presentando JJSS entonces a esta instancia judicial -en dos fechas distintas- numerosa documentación y material fotográfico de fugas de agua residual en distintos puntos del municipio, concretamente en la zona del casco del muelle y del campo de fútbol, así como en Las Cruces y en La Caleta, en relación a la depuradora.

Estación depuradora de aguas en La Caleta

Asimismo, y según hemos podido recabar de fuentes directas de los demandantes, meses antes a la propia denuncia de JJSS ya la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), abrió un expediente en relación a vertidos de aguas residuales al mar en uno de los puntos señalados, concretamente en el de la zona del muelle pesquero. En ese expediente de la APMUN también se pedía al Ayuntamiento explicaciones sobre vertidos fecales en La Caleta y en la estación de bombeo situada en la avenida Adolfo Suárez.

Los hechos investigados por la Fiscalía que ahora entran en el Juzgado se remontan al año 2001. En este sentido la acusación detalla que ya en el Pleno del Ayuntamiento garachiquense de mayo de aquel año se preguntaba por parte del grupo socialista en la oposición sobre la existencia de estos vertidos. Dos años después, en el Pleno de febrero de 2003, se volvía a interpelar al grupo de gobierno y al alcalde Ramón Miranda sobre este asunto.

El alcalde se entera de la denuncia por este diario

LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS intentó, sin éxito, hablar con el alcalde Ramón Miranda para contrastar esta noticia. Según nos señala su responsable de prensa a estas horas de la mañana de hoy lunes, Miranda conoce esta denuncia de la Fiscalía a través de la llamada de la redacción de este diario digital. Desde el gabinete de prensa informan que en la Oficina Técnica del Ayuntamiento aún no se tiene constancia de la misma.

Prevé en supuesto de sentencia condenatoria el artículo 325 del Código Penal, que será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

En la nota de prensa de JJSS manifiestan que “exigen una vez más al alcalde, al concejal de Medio Ambiente y a quienes en el grupo de gobierno tengan responsabilidades en este atentado medioambiental, que den la cara. Que salgan de su escondrijo y asuman de una vez su nefasta gestión. Y que además pongan de inmediato medidas para que mientras que el proceso legal sigue su camino, la costa de Garachico no siga percibiendo toneladas y toneladas de aguas fecales”. Esperamos -concluyen los jóvenes del PSOE- “que asuman el problema y su mal hacer, y que tomen medidas con urgencia. Lo contrario además de irresponsable sería una dejación total de funciones que sería ciertamente injustificable”.